El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse salió a defender el presupuesto de la Legislatura de Tucumán ante los cuestionamientos por el elevado porcentaje de recursos que demanda el Poder Legislativo dentro de las cuentas provinciales. Durante una entrevista, sostuvo que los gastos no pueden analizarse únicamente a partir de los salarios de los parlamentarios, ya que incluyen una amplia estructura administrativa y operativa.
Vargas Aignasse explicó que el presupuesto legislativo representa alrededor del 3,5% del gasto total del Estado provincial y remarcó que ese monto contempla el funcionamiento integral del Poder Legislativo. En ese sentido, señaló que la Legislatura cuenta con numerosos empleados de planta permanente, direcciones, funcionarios y áreas administrativas que garantizan el funcionamiento institucional, además de los costos de mantenimiento del edificio y otros servicios.
El parlamentario también respondió a las críticas sobre la cantidad de contratados vinculados a los legisladores. Afirmó que los empleados se distribuyen por bloques políticos según su representación y que cumplen distintas funciones, tanto técnicas como territoriales y sociales. Según indicó, muchos colaboradores desarrollan tareas de asistencia comunitaria y acompañamiento a vecinos en distintos puntos de la provincia.
Asimismo, destacó que Tucumán cuenta con un sistema legislativo unicameral, a diferencia de otras provincias que poseen dos cámaras, y sostuvo que el análisis del gasto debe contemplar esa particularidad. También aseguró que las erogaciones del Poder Legislativo son controladas por el Tribunal de Cuentas mediante auditorías preventivas y posteriores, por lo que consideró que existe transparencia en la ejecución presupuestaria.
Las declaraciones surgieron en medio del debate sobre el costo de funcionamiento de la Legislatura tucumana.
Mientras sectores opositores cuestionan que el Poder Legislativo absorba un porcentaje superior al de otras provincias, Vargas Aignasse insistió en que el presupuesto debe evaluarse en función de la totalidad de los servicios y estructuras que sostiene, y no únicamente por los salarios de los legisladores.
