La Justicia Federal de Tucumán dispuso restricciones al accionar de la Policía provincial dentro de las instituciones de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. La medida fue dictada por el Juzgado Federal N° 1 y establece la prohibición de acercamiento, hostigamiento e ingreso no autorizado de efectivos policiales a los predios universitarios y sus accesos.
Además, ordena el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. En los fundamentos de la resolución, el magistrado consideró que el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales constituyó una vulneración de la autonomía universitaria y del principio de inmunidad jurisdiccional.
También señaló inconsistencias en la documentación presentada por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de Tucumán. El fallo remarcó que las manifestaciones en defensa de la educación pública y del presupuesto universitario forman parte del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de expresión, reunión y petición a las autoridades.
En ese sentido, sostuvo que las fuerzas de seguridad no pueden recurrir a mecanismos intimidatorios para desalentar la protesta social. La resolución también establece que la Policía provincial no puede ingresar, patrullar, requisar ni realizar procedimientos preventivos dentro de los establecimientos universitarios sin una orden de la autoridad judicial federal competente o sin cumplir los requisitos legales correspondientes.
Los hechos que originaron la presentación judicial
El conflicto se desencadenó a partir de dos episodios ocurridos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, durante las protestas por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. El primero tuvo lugar el 15 de octubre, cuando, según la denuncia, un efectivo policial ingresó al edificio y habría intimidado a un estudiante en los baños de la institución, incluso con ademanes de agresión física. El segundo episodio ocurrió el 16 de octubre, cuando cuatro efectivos de Infantería ingresaron a la facultad portando escudos y armas de fuego.
De acuerdo con la presentación judicial, los uniformados se retiraron luego del reclamo de una docente. Tras estos acontecimientos, el decano de la facultad, Sergio Robin, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en la que el Gobierno provincial se comprometió a investigar lo sucedido. Sin embargo, representantes docentes, no docentes y estudiantiles resolvieron avanzar con la presentación judicial.
Luego de conocerse la decisión, ADIUNT celebró el fallo y ratificó su postura de denunciar las situaciones de violencia institucional. El gremio también reclamó que se investigue la responsabilidad de los involucrados en los episodios denunciados.
