El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse cuestionó la presentación judicial impulsada por partidos opositores contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que contempla la posibilidad de que el gobernador Osvaldo Jaldo se presente a un nuevo mandato. En ese marco, calificó la iniciativa como una “aventura judicial de perdedores” y acusó a sus impulsores de intentar excluir al mandatario de la competencia electoral.
“Es una aventura judicial de un rejunte de candidatos desesperados. Anémicos de ideas y propuestas, buscan sacar de la cancha al adversario que no pueden enfrentar políticamente. Su coincidencia más importante no es un proyecto para Tucumán: es intentar impedir que Jaldo pueda competir”, expresó el parlamentario.
Vargas Aignasse defendió la disposición constitucional y sostuvo que el artículo 90 habilita a quien haya cumplido dos mandatos como vicegobernador a ser elegido gobernador y reelegido por un período consecutivo. En ese sentido, afirmó que la demanda busca cuestionar judicialmente una autorización contemplada en la propia Constitución provincial. El legislador también planteó objeciones a la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según explicó, invocar el principio republicano no habilita automáticamente la competencia originaria del máximo tribunal, ya que la organización institucional de las provincias corresponde, como regla, al ámbito del derecho público local.
Asimismo, señaló que los tribunales tucumanos pueden analizar cuestiones federales, con una eventual revisión posterior de la Corte nacional. Para el parlamentario, los antecedentes de intervención del máximo tribunal en procesos electorales provinciales deben evaluarse según las circunstancias y las normas de cada caso, sin convertirse en un recurso habitual para resolver disputas políticas.
Al referirse al fondo de la controversia, Vargas Aignasse diferenció la posibilidad de ejercer dos mandatos como vicegobernador y dos como gobernador de un sistema de reelección indefinida. Para respaldar su postura, mencionó el régimen de Estados Unidos y las reglas de California, donde existen límites separados para los mandatos en ambos cargos, aunque aclaró que esa comparación no determina por sí misma la resolución de un litigio argentino.
En esa línea, remarcó que la Constitución Nacional protege tanto el sistema republicano como el federalismo. Sostuvo que la autonomía provincial tiene límites, pero también debe ser respetada, y cuestionó que las decisiones constitucionales de Tucumán sean llevadas a los tribunales por razones que, a su entender, responden a conveniencias electorales.
Finalmente, el legislador vinculó la presentación judicial con el escenario político de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 y reclamó que los espacios opositores presenten propuestas sobre seguridad, salud, educación, empleo y producción. “Los tucumanos necesitan propuestas sobre seguridad, salud, educación, empleo y producción. Esta oposición ofrece una demanda para excluir a Jaldo. La búsqueda de la proscripción revela su debilidad: tienen más temor al respaldo del gobernador que confianza en sus propias ideas”, afirmó.
“Jaldo deberá responder por su gestión ante los tucumanos. Sus adversarios deberían prepararse para enfrentarlo con propuestas y votos. La Justicia no puede ser el sustituto de la legitimidad política que no consiguen construir”, concluyó.
