Exequiel Rodríguez, periodista de Actualidad realizó un analisis en el que se expone una mirada crítica sobre el rol de la dirigencia política y sindical en la provincia. “Hay una dirigencia política trillonaria en Tucumán”. La frase, contundente y provocadora, resume un malestar cada vez más extendido en sectores de la sociedad que observan con desconfianza el accionar de quienes ocupan cargos de poder en la provincia.
Tucumán aparece, en este análisis, como un territorio donde la dirigencia política “viene enquistada desde hace años en el poder”, sin intención de soltarlo. Las razones, según esta mirada, no serían ideológicas ni de vocación de servicio, sino económicas: “los dividendos” que genera el ejercicio de la función pública. El señalamiento no se queda en lo abstracto. Se describe una dirigencia que “sin trabajar puede hacer ostentación de propiedades de altísimas valuaciones inmobiliarias, sumado a autos y camionetas de alta gama”, además de cuentas bancarias que —según se denuncia— muchas veces figuran a nombre de familiares o testaferros.
A esto se suma otro punto sensible: la falta de declaraciones juradas accesibles que permitan conocer “cómo ingresaron y cómo va creciendo el patrimonio con el correr del tiempo”. El contraste resulta aún más fuerte cuando se pone el foco en los orígenes de algunos dirigentes. “Muchos ni siquiera contaban con un gallinero en el fondo de sus viviendas”, afirma, antes de convertirse en empresarios o propietarios de grandes extensiones de tierra.
El crecimiento patrimonial, en estos casos, despierta sospechas sobre el uso del poder político como herramienta de ascenso económico. El editorial también cuestiona prácticas como el nepotismo —“se dan el lujo de nombrar a sus familiares en los mejores cargos del Estado”— y la adquisición de bienes fuera de la provincia e incluso del país. Todo ello alimenta la percepción de una dirigencia cada vez más alejada de la realidad cotidiana de la población.
Pero quizás uno de los aspectos más criticados sea la volatilidad política. Dirigentes que “siendo un rato peronistas, luego del PRO y volviendo nuevamente al peronismo” parecen adaptarse a las circunstancias con el objetivo de sostener posiciones de poder más que convicciones. En ese marco, el análisis menciona trayectorias concretas que reflejan estas críticas. Se señala, por ejemplo, el recorrido de Domingo Amaya, quien pasó por distintas etapas políticas hasta ocupar actualmente un rol destacado en el ámbito provincial.
En la misma línea, se cuestiona la figura del exintendente Germán Alfaro, a quien se describe como un dirigente “camaleónico”, marcado por cambios de posicionamiento político. También se incluye entre los cuestionamientos a la funcionaria Roxana Díaz, al frente del área de Culto, cuyo desempeño es criticado por una supuesta falta de presencia en momentos clave, como durante las inundaciones, donde —según el análisis— “no se hizo presente en ninguna iglesia para ver qué necesitaban sus fieles”.
El malestar no se limita a la política
El sindicalismo también queda bajo la lupa: “de este análisis tampoco se escapan los gremialistas”, advierte Rodriguez. La crítica apunta a una supuesta ausencia en la defensa de los trabajadores y a estilos de vida que contrastan con la realidad de sus representados. “Andan de gira en avión o descansando en Tafí del Valle”, se señala, en una imagen que refuerza la idea de desconexión.
En definitiva, el diagnóstico es severo. Se habla de una política “con dirigentes multimillonarios, sin empatía y con falta de compromiso con la gente”, lo que —según esta mirada— implica “bastardear la democracia y tergiversar el verdadero rol de la política”.
En este análisis es digno de reconocer que existen “honrosas excepciones”. Entre ellas, se menciona al dirigente gremial Germán Ferrari, de UATRE, quien —según esta mirada— mantiene una mayor presencia en la defensa de los trabajadores en contraste con otros referentes sindicales cuestionados. Quizás allí resida una de las claves: en distinguir, exigir y reconstruir la confianza en aquellos que todavía entienden la función pública como un servicio y no como un privilegio.
