El vicepresidente segundo de la Legislatura de Tucumán, Fredy Toscano, expresó su rechazo a una iniciativa que propone desafectar una fracción de un inmueble ubicado en El Manantial para transferirlo a la empresa Citrusvil S.A., perteneciente al Grupo Lucci. El legislador sostuvo que la propuesta intenta convalidar una situación irregular y alertó que parte de las tierras ofrecidas como compensación al Estado no pueden ser cedidas debido a su condición legal.
Durante su intervención en el recinto, Toscano afirmó que el barrio Ohuanta integra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), bajo el protocolo N.º 4070, lo que garantiza protección a las familias residentes y prohíbe desalojos mientras avanza el proceso de regularización dominial.En ese contexto, fue contundente al señalar que “el Estado no puede aceptar como parte de pago tierras que están protegidas por una ley nacional y sobre las cuales el privado no tiene libre disposición. Se pretende entregar algo que no le pertenece y eso es, lisa y llanamente, hacerle el cuento del tío al Estado tucumano”.
El parlamentario recordó además que el barrio fue beneficiado por programas nacionales de integración socio-urbana, entre ellos “Mi Pieza”, y destacó que el objetivo de la normativa vigente es avanzar en la titularización de esos terrenos a favor de sus ocupantes.
Asimismo, cuestionó que el proyecto termine regularizando una ocupación que, según denunció, la empresa mantiene desde hace años sobre tierras estatales. “No podemos permitir que quien usufructuó un inmueble público sin autorización termine siendo beneficiado con su propiedad y, además, pretenda compensar esa cesión con tierras que tampoco puede disponer”, afirmó.
Toscano informó que presentó una nota ante el presidente de la Legislatura, la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Estado para advertir sobre la situación jurídica del barrio Ohuanta y solicitar que se analice el alcance legal de la operación.
Finalmente, insistió en que cualquier negociación debe ajustarse al marco normativo vigente y resguardar el patrimonio público. “La seguridad jurídica de los vecinos debe garantizarse aplicando las leyes, no mediante acuerdos que beneficien intereses particulares en perjuicio del Estado y de todos los tucumanos”, concluyó.
