El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) expresó un fuerte rechazo a lo que calificó como una persecución gremial y de género por parte del gobierno de Río Negro, tras la quita de licencias sindicales a las dirigentes Cesira Mullaly y Marisa Albano, referentes de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR).
A través de un comunicado, la organización tucumana —integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa)— denunció que la medida constituye “un ataque directo a la libertad sindical” y una violación a derechos consagrados en la Constitución Nacional y en convenios internacionales.
Desde SiTAS señalaron que la decisión del Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, representa “una barbarie institucional” y “un acto propio de una tiranía”, al considerar que busca disciplinar a dirigentes que reclaman mejoras en el sistema sanitario.
El gremio acompañó así la denuncia pública impulsada por ASSPUR a nivel nacional, en defensa de su secretaria general, Cesira Mullaly, y de su secretaria gremial, Marisa Albano.
En ese marco, Marité Rodríguez, secretaria adjunta de SiTAS y autoridad de FesProSa, advirtió que al restringir la actividad sindical el gobierno rionegrino “viola flagrantemente la Constitución Nacional y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Reclamos y solidaridad
El comunicado, firmado también por el secretario general Julián Nassif, la secretaria gremial Adriana Bueno, delegados y miembros de la comisión directiva, exige el reintegro inmediato de las licencias gremiales, el archivo del sumario administrativo contra Albano y el cese del hostigamiento hacia la organización sindical.
“Si tocan a una organización hermana de nuestra Federación, nos tocan a todos”, concluye el documento, reafirmando la solidaridad del gremio tucumano con los trabajadores de la salud de Río Negro.
