En una sesión especial ordinaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que crea el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil de Tucumán y adecua la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa fue aprobada con 44 votos afirmativos y uno en contra. De esta manera, Tucumán se convirtió en la primera provincia del país en adecuar su normativa al nuevo Régimen Penal Juvenil, según destacaron desde la Legislatura.
La nueva legislación establece un sistema específico para la ejecución material, supervisión, seguimiento técnico y abordaje socioeducativo de las medidas y penas dispuestas por la autoridad judicial respecto de adolescentes comprendidos en la legislación nacional. La norma también contempla la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial, y del Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad y determinadas medidas previstas por el régimen.
El proyecto fue trabajado en la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, a través de reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados vinculados con la temática.
Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adaptar el sistema provincial a la nueva legislación nacional y sostuvo que Tucumán avanzó en la implementación de un esquema que contempla no solamente el cumplimiento de una pena, sino también el proceso de reinserción. “Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado”, afirmó.
El legislador explicó que el objetivo del nuevo sistema es abordar de manera integral la situación de los adolescentes que ingresen al régimen. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, señaló.
En ese sentido, Vargas Aignasse indicó que Tucumán ya cuenta con dispositivos destinados al tratamiento de menores en conflicto con la ley, aunque deberán ser adaptados a las nuevas disposiciones. “Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes”, detalló.
El nuevo régimen fija entre sus objetivos la responsabilización de los adolescentes, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad, incorporando además herramientas de seguimiento y acompañamiento durante el proceso de reintegración.
