El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron una reunión interinstitucional para avanzar en la adecuación de la normativa provincial al nuevo régimen penal juvenil.
Durante la reunión se analizaron los distintos aspectos que plantea la legislación nacional y la necesidad de compatibilizar su aplicación con las normas y estructuras existentes en Tucumán. El objetivo es establecer un esquema que pueda ser aplicado de manera efectiva y que contemple tanto los procedimientos judiciales como la ejecución de las eventuales sentencias. Acevedo destacó la importancia del diálogo entre los distintos organismos y sostuvo que la provincia ya se encuentra cumpliendo con las disposiciones de la ley nacional.
En ese sentido, señaló que algunas de sus disposiciones presentan complejidades que requieren compatibilizar las miradas del Poder Judicial, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio Pupilar y de la Defensa. “Vamos a ir avanzando en pos de lograr una ley que sea de aplicabilidad, porque en la Legislatura queremos sancionar leyes que una vez que estén sancionadas y se promulguen, se pueda cumplir y no quede en letra muerta”, afirmó el vicegobernador.
Por su parte, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, explicó que el trabajo contempla la incorporación de un régimen penal juvenil específico para Tucumán, junto con una adecuación procesal y la creación de un régimen de ejecución de sentencia para menores. “Estamos tratando de lo antes posible poder llevar un dictamen unificado y acordado con todos los sectores y sobre todo por los operadores del sistema”, sostuvo Vargas Aignasse.
El legislador remarcó además que el objetivo no es únicamente cumplir con la normativa nacional, sino generar desde la legislación provincial las condiciones necesarias para que los jóvenes que cometan delitos puedan cumplir con las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, avanzar en procesos de resocialización que permitan interrumpir sus trayectorias delictivas.
En tanto, el legislador Mario Leito valoró la convocatoria conjunta de los distintos poderes del Estado y señaló que uno de los principales desafíos es definir cómo se implementarán en Tucumán las disposiciones de la nueva legislación nacional. Entre los puntos analizados se encuentra la figura del supervisor prevista por la normativa. Al respecto, Leito planteó la necesidad de determinar si esta función quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo o si formará parte de una estructura dependiente del Poder Judicial.
“Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la modificación del Código Procesal Penal y cómo damos cumplimiento a cuestiones administrativas en Tucumán para poder dar cumplimiento a esa ley nacional”, explicó.
De esta manera, Legislatura y Poder Judicial buscan avanzar junto con los demás organismos involucrados en un marco normativo consensuado que permita implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil en Tucumán, con adecuaciones a los procedimientos y estructuras provinciales.
Del encuentro participaron autoridades de la Corte Suprema, legisladores, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, además de jueces especializados en materia penal de Niñas, Niños y Adolescentes.
