El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz celebraron la media sanción otorgada por el Senado de la Nación al proyecto de ley de biocombustibles y destacaron el respaldo transversal alcanzado durante el tratamiento de la iniciativa.Según señalaron desde ambas entidades, la aprobación constituye un paso hacia la consolidación de una política energética vinculada con el agregado de valor en origen, la transición hacia combustibles de menor intensidad de carbono y el desarrollo productivo de las distintas regiones del país.
Uno de los principales puntos del proyecto establece un incremento gradual del corte obligatorio de bioetanol, que pasaría del actual 12% al 15%. Para el sector, esta modificación permitirá generar mayor previsibilidad y un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones. La iniciativa también contempla la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio, de manera que el uso del bioetanol pueda continuar creciendo a partir de la oferta, la demanda y la competencia.
En este esquema, los vehículos flex permitirían ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.Otro aspecto destacado es el rol que podrán asumir las provincias. El proyecto contempla que los gobiernos provinciales puedan impulsar programas específicos, promover mayores niveles de utilización de biocombustibles y generar nuevos puntos de expendio, de acuerdo con las características productivas y energéticas de cada territorio.
Desde las entidades empresarias remarcaron además el aporte del bioetanol producido a partir de caña de azúcar y maíz, al considerar que ambas cadenas permiten transformar materias primas nacionales en energía y fortalecer la industrialización en las economías regionales.Tras la aprobación en el Senado, el sector expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento del proyecto para completar el proceso legislativo.
La iniciativa busca establecer un nuevo marco para el desarrollo de los biocombustibles, con participación de las provincias y mayor articulación entre el sector público y las cadenas productivas.
