El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezó la apertura de la XV sesión del Consejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se llevó adelante en el Salón Bicentenario de Casa de Gobierno. Durante la jornada, las autoridades trabajaron de manera articulada con el juez Penal de Menores, Federico Moyekens, sobre los desafíos que plantea la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para brindar respuestas coordinadas desde los distintos poderes del Estado.
Del encuentro participaron también Graciela Sare, a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAyF) y presidenta del Consejo; Gilda Zurita, titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) y secretaria del organismo; la consejera y secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zárate; y la subdirectora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas Saguir. También estuvieron presentes representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellos Marcelo Montoya, por Salud; María Gabriela Gallardo, por Educación; Gladys Carpio Valero, por Seguridad; María Eva Ruiz, por Interior; y Andrea Colina, por Economía.
Uno de los principales ejes del encuentro fue la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y contempla la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. En este contexto, desde el Ministerio de Desarrollo Social remarcaron la importancia de generar una interpretación y aplicación coordinada de la normativa. Ante los nuevos desafíos, el Gobierno provincial trabaja en el fortalecimiento de dispositivos específicos y de la red institucional destinada a abordar situaciones que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal, con una mirada integral sobre sus derechos y las necesidades de las víctimas.
Desde el Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, señalaron que la implementación del régimen debe contemplar una respuesta especializada frente al incumplimiento de las normas, con respeto por las garantías del debido proceso y los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esa línea, el abordaje interinstitucional busca combinar la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes con políticas orientadas a la educación, la resocialización y la integración, fortaleciendo la coordinación entre las distintas áreas del Estado.
