La presentación sostiene que existirían elementos que permitirían investigar una acción coordinada destinada a instalar denuncias y acusaciones contra OSPIA y terceras personas, con objetivos económicos, institucionales y políticos, en pleno contexto electoral. Uno de los puntos centrales de la denuncia será determinar si detrás de esas publicaciones y denuncias existieron pagos o beneficios económicos.
Por ese motivo, se solicitará investigar la trazabilidad de las transferencias y fondos recibidos, identificar su origen y establecer si existe alguna relación entre esos movimientos de dinero y las publicaciones realizadas.
También se solicitará a la Justicia el allanamiento de los domicilios denunciados, el secuestro de teléfonos celulares y la extracción forense de sus datos, con el objeto de determinar las comunicaciones mantenidas entre las personas investigadas, la eventual coordinación de las publicaciones y la posible existencia de contraprestaciones económicas.
La denuncia procura que sea la Justicia la que determine quién financia estas acciones, de dónde provienen los fondos y si existió una organización destinada a utilizar denuncias y publicaciones públicas con fines económicos y políticos.
