La medida difundida establece que un juzgado federal dispuso la continuidad del programa y la suspensión de su baja hasta tanto exista una sentencia definitiva, reconociendo el impacto social de la decisión.
Un planteo anticipado desde el Concejo Deliberante
En este contexto, Gómez recordó que días atrás el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un Proyecto de Resolución de su autoría, acompañado por concejales de distintos espacios políticos, mediante el cual se exhorta al Gobierno Nacional y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a revisar y dejar sin efecto la eliminación del programa. “El fallo judicial confirma lo que venimos planteando: no se puede avanzar con medidas que dejan sin ingresos a miles de familias y afectan derechos básicos”, expresó el edil.
Impacto en Tucumán
El concejal remarcó que la decisión nacional afecta a más de 900.000 personas en todo el país y a más de 55.000 tucumanos y tucumanas, muchos de los cuales forman parte de la economía popular, cooperativas, tareas de cuidado y trabajos sociocomunitarios. “Estamos hablando de trabajadores que sostienen el entramado social en los barrios. Quitarles este acompañamiento es empujarlos directamente a la desocupación”, sostuvo.
Defensa del trabajo y la inclusión
Gómez subrayó que la resolución aprobada por el Concejo y ahora respaldada por la Justicia apunta a defender el empleo, el ingreso y la dignidad de los sectores más vulnerables, y llamó al Gobierno Nacional a reconsiderar la medida. “Este no es un debate técnico, es una decisión que impacta en la vida real de la gente. Vamos a seguir defendiendo a quienes trabajan y necesitan del acompañamiento del Estado”, concluyó.
