La Justicia intimó a Manuel Adorni a presentar explicaciones y documentación respaldatoria sobre una serie de inconsistencias detectadas en su patrimonio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez federal Ariel Lijo, a través de un dictamen de 207 fojas. La investigación comprende el período entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, fecha en la que Adorni dejó la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, las inconsistencias patrimoniales bajo investigación superarían los 43 millones de pesos y los 402.000 dólares. La fiscalía detectó 20 puntos que, según el requerimiento, necesitan ser explicados por el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti.
Entre los aspectos observados aparecen operaciones inmobiliarias, gastos realizados en efectivo, refacciones y adquisición de bienes. La Justicia puso especial atención en la compra de una vivienda ubicada en el country Indio Cua y de un departamento situado en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito.
Otro de los puntos que deberá ser aclarado es el origen de los fondos utilizados para realizar pagos por aproximadamente 245.000 dólares en efectivo a un contratista por trabajos de refacción y adquisición de mobiliario, además de honorarios vinculados con distintas operaciones inmobiliarias.
El análisis patrimonial también detectó una diferencia entre los ingresos y los gastos declarados durante el período investigado. Según el informe citado por la fiscalía, los ingresos comprobados del matrimonio rondaron los 229 millones de pesos, mientras que los gastos vinculados con seguros, expensas, viajes y tarjetas habrían superado los 272 millones de pesos.
La investigación también busca determinar el origen y la trazabilidad de los dólares utilizados para viajes al exterior, cuotas escolares y alquileres temporarios, además de obtener precisiones sobre determinadas inversiones en criptoactivos que Adorni habría señalado como parte del origen de su crecimiento patrimonial. El fiscal otorgó un plazo de 15 días para que el exjefe de Gabinete presente las explicaciones y documentación correspondiente.
En caso de que no responda o que las explicaciones sean consideradas insuficientes, la causa podría avanzar hacia un pedido de declaración indagatoria, cuya decisión final corresponde al juez Lijo. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y posteriormente incorporó ampliaciones de otros legisladores nacionales.
Por el momento, se trata de una investigación judicial y las inconsistencias señaladas por la fiscalía deberán ser explicadas y eventualmente acreditadas dentro del proceso. La intimación, por sí sola, no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de Adorni.
