Por requerimiento del Banco Central de la República Argentina y en el marco de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera —que obliga a los bancos a monitorear el destino de los fondos públicos y marca como señal de alerta los retiros de efectivo significativos—, el Banco Macro, agente financiero de la provincia, intimó a la Caja Popular de Ahorros a justificar, uno por uno, beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de cada extracción.
El requerimiento acorrala a la gestión cisnerista de la Caja por el Acuerdo N° 5183, el Tribunal de Cuentas dictaminó que sus balances «no presentan razonablemente la información» y le reclamó una deuda de más de $3.381 millones con la salud pública en plena pandemia; y una fiscal provincial, Marta Mariana Rivadeneira, investiga al ex interventor cisnerista José Díaz con toda la contabilidad y balances de los últimos 5 años de la Caja ya en sus manos.
Cabe destacar que el actual interventor, Guillermo Norry, ordenó una auditoria administrativa financiera para determinar quien extrajo ese dinero ya que el mismo nunca ingreso a la entidad crediticia.
