En ese marco, remarcaron que Juan Ramón Correa habría declarado en contra de José Antonio Leguizamón y personas de su entorno familiar en la causa “Taricco, Leguizamón y otros”, actualmente en trámite ante la Fiscalía Federal N.º 1. Según indicaron, la situación de Correa reviste “especial sensibilidad” debido a que sería testigo directo de presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y otras maniobras investigadas por la Justicia Federal.
Asimismo, desde el área legal señalaron que toda persona tiene derecho a formular denuncias, aunque advirtieron sobre la gravedad de realizar acusaciones falsas sin pruebas concretas. En ese sentido, sostuvieron que la obra social trabaja con numerosos proveedores que cuentan con la documentación respaldatoria correspondiente y sometidos a los mecanismos de control vigentes.
También afirmaron que, en el actual proceso de digitalización y modernización administrativa, toda la documentación relacionada con prestaciones y operaciones puede ser presentada de manera inmediata ante organismos competentes, incluido ARCA, lo que —según expresaron— imposibilita sostener acusaciones “infundadas o carentes de sustento”.
Desde OSPIA apuntaron además contra quienes impulsan las denuncias actuales, al recordar que varios de ellos se encontrarían mencionados en una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y supuesto vaciamiento institucional relacionado con la designación de José Antonio Leguizamón como interventor durante la presidencia de Mauricio Macri.
Según expresaron fuentes cercanas a la conducción de la obra social, entre las personas señaladas aparece José Manuel Quesada, a quien identificaron como familiar directo de Leguizamón. También mencionaron la existencia de informes de PROCELAC incorporados a la investigación judicial que tramita ante la Fiscalía Federal N.º 1, a cargo del fiscal Carlos Brito Vehils Ruiz.
Finalmente, desde el área legal de OSPIA interpretaron que las recientes denuncias públicas serían una reacción frente a las acusaciones formuladas desde 2018 en el ámbito judicial federal.
