En el Partido Justicialista Tucumán se vive por estas horas un clima de incertidumbre, alimentado por versiones y comentarios que, según fuentes cercanas al ámbito político provincial, mezclan cuestiones electorales con aspectos estrictamente administrativos y contables. De acuerdo con una fuente periodística de permanente diálogo con el gobernador Osvaldo Jaldo y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, no existen irregularidades en materia electoral dentro del PJ.
La misma fuente sostuvo que toda la documentación vinculada a los procesos electorales fue manejada con total transparencia por la anterior apoderada legal del partido, quien dejó debidamente ordenadas las presentaciones correspondientes.
En ese sentido, indicó que el nuevo apoderado, un abogado cercano a un influyente legislador que integra la línea sucesoria del Ejecutivo provincial, no encontrará anomalías vinculadas al funcionamiento electoral del partido, ya que toda esa documentación habría sido entregada en regla.
Donde sí existirían demoras, según la misma fuente, es en la confección de balances y rendiciones contables. Esa tarea se encuentra bajo la órbita del contador Nucci, quien desempeña funciones en el Partido Justicialista desde la época en que Fernando Said Juri Debo era tesorero de la fuerza. Siempre de acuerdo con esta versión, las demoras responderían a cuestiones administrativas y a la adaptación a los nuevos sistemas tecnológicos de gestión contable, situación que también habría generado retrasos en algunos pagos que dependen exclusivamente de esa área.
La fuente consultada aseguró además que las informaciones difundidas en algunos medios generaron malestar en el vicegobernador Miguel Acevedo, al considerar que se intenta instalar una confusión entre aspectos contables y electorales que, en los hechos, no guardan relación entre sí.
Asimismo, señaló que Acevedo debió ceder el espacio de una colaboradora de su máxima confianza, quien se desempeñaba como apoderada del Partido Justicialista y que, según remarcó el informante, cumplió correctamente con todas las obligaciones electorales, dejando la documentación correspondiente en perfecto orden.
Por último, la fuente consideró que resulta «muy improbable» que las demoras en la confección de balances, atribuidas al área contable, puedan derivar en una intervención de la Justicia.
También sostuvo que existe preocupación por la campaña mediática que, según esa interpretación, busca provocar un desgaste político y moral sobre determinadas figuras del oficialismo, en una disputa interna impulsada por sectores que intentan preservar espacios de poder.
