Una niña de 11 años debió ser internada tras sufrir durante meses situaciones de bullying en su escuela, en un caso que derivó en una intervención judicial inédita en la provincia de Neuquén. La Justicia ordenó medidas urgentes al establecimiento educativo y al sistema estatal, al considerar que hubo una respuesta insuficiente frente al hostigamiento.
Según se desprende del fallo, la menor era víctima de agresiones verbales reiteradas por parte de compañeros, centradas principalmente en su apariencia física. Con el tiempo, la situación derivó en un progresivo deterioro emocional: angustia, aislamiento y pérdida de interés por asistir a clases.
El cuadro se agravó hasta que la niña comenzó con conductas autolesivas e ideación suicida. El 13 de marzo ingresó a un centro de salud acompañada por su abuela, donde los profesionales determinaron un “riesgo cierto e inminente para su vida”, lo que obligó a una internación involuntaria como única alternativa terapéutica.
Uno de los puntos clave del caso es que la alumna había solicitado previamente cambiar de turno para alejarse del entorno donde sufría acoso, pero no obtuvo respuesta por parte de la institución.
Fallo judicial y responsabilidad escolar
La jueza de familia interviniente sostuvo que existió una “insuficiente intervención del ámbito educativo”, lo que contribuyó a agravar el cuadro de la menor. En ese sentido, el fallo plantea que el bullying no puede abordarse como un problema individual, sino como una falla del entorno escolar.
Entre las medidas ordenadas, se destacan:
Activación inmediata de protocolos contra la violencia escolar
Respuesta urgente al pedido de cambio de turno
Acompañamiento individual para la alumna
Trabajo grupal con el curso involucrado
Elaboración de un plan institucional para prevenir nuevos casos
Además, la Justicia dispuso la implementación de “prácticas restaurativas”, orientadas no solo a sancionar, sino a reconstruir vínculos y modificar la dinámica que permitió el hostigamiento.
Un precedente sobre el abordaje del bullying
Especialistas consideran que el fallo marca un punto de inflexión, ya que reconoce el impacto directo de la violencia escolar en la salud mental y responsabiliza al sistema educativo por la falta de intervención temprana.
El caso también encendió alarmas sobre la detección de señales de riesgo dentro de las escuelas y la necesidad de respuestas rápidas y sostenidas para evitar desenlaces graves.
La decisión judicial no solo busca proteger a la niña, sino también obligar a una revisión profunda de las prácticas institucionales para prevenir situaciones similares en el futuro.
