La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) salió a responder la denuncia que motivó el reciente allanamiento en su sede y aseguró que se trata de una presentación “falsa” con intencionalidad política. El procedimiento fue ordenado por la Justicia en el marco de una causa por presunta estafa y administración fraudulenta impulsada por el empresario Sergio Gómez Sansone.
Desde la conducción de la entidad, el vicepresidente Jorge Berretta cuestionó duramente la acusación y sostuvo que responde a intereses que buscan perjudicar a la institución.
En ese sentido, afirmó que el planteo judicial carece de fundamentos y lo vinculó con disputas internas dentro del sector del transporte. El dirigente también explicó que la causa está relacionada con cuestionamientos sobre la distribución de compensaciones tarifarias y aspectos administrativos del sistema, aunque evitó brindar detalles específicos por tratarse de un expediente en curso.
En paralelo, desde AETAT remarcaron que existe plena disposición a colaborar con la investigación. Según indicaron, el personal recibió instrucciones de facilitar toda la documentación requerida por la Justicia para esclarecer los hechos.
Además, la entidad defendió el mecanismo de reparto de fondos al señalar que se realiza bajo criterios establecidos y transparentes, conocidos por todas las empresas del sector. En esa línea, sostuvieron que, de existir irregularidades, no podrían atribuirse a un solo actor del sistema.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa y busca determinar si hubo o no maniobras irregulares en la administración de recursos vinculados al transporte público. El caso expone, además, una fuerte interna empresarial que ahora quedó bajo análisis de la Justicia.
