El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse analizó el reciente fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y cuestionó lo que definió como una “sobreactuación política” en torno al tema. En una columna de opinión, remarcó que el caso demuestra cómo, al abordarse desde el plano jurídico, muchos planteos pierden sustento.Vargas Aignasse recordó que la expropiación de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se enmarca en una facultad constitucional que habilita la declaración de utilidad pública con indemnización previa.
En ese sentido, subrayó que la decisión no fue política sino “jurídica y económica”, vinculada a incumplimientos por parte de Repsol como accionista controlante. Según explicó, entre esos incumplimientos se encontraban la caída en la producción de hidrocarburos, la falta de reposición de reservas y una política de distribución de dividendos que priorizó la remisión de utilidades al exterior por sobre la reinversión.
Para el legislador, esta conducta afectó directamente el objetivo de autoabastecimiento energético, justificando la intervención estatal. En esa línea, sostuvo que la expropiación “no implicó una ruptura del orden jurídico”, sino que fue una respuesta contemplada dentro del marco legal vigente para resguardar el interés público.
El dirigente también destacó el desarrollo de Vaca Muerta como ejemplo de los resultados de la nueva estrategia energética, basada en mayor intervención estatal, inversión sostenida y planificación a largo plazo.
Respecto al litigio internacional, señaló que el eje de la discusión en tribunales de Estados Unidos no fue la validez de la expropiación, sino aspectos técnicos vinculados a cláusulas estatutarias, especialmente la obligación de realizar una oferta pública a accionistas minoritarios. En ese marco, advirtió sobre el rol de fondos especulativos que adquirieron derechos litigiosos con fines financieros.
Vargas Aignasse también remarcó la continuidad de la estrategia de defensa del Estado argentino a lo largo de distintas gestiones presidenciales, desde Cristina Kirchner hasta Javier Milei, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández. Según afirmó, esta coherencia “desarma cualquier intento de lectura partidaria”.
Por último, rechazó la idea de que factores diplomáticos hayan influido en el fallo y defendió la independencia del sistema judicial estadounidense en este tipo de litigios. “La discusión sobre YPF exige rigor técnico. Cuando ese estándar se respeta, la distancia entre la sobreactuación política y la realidad jurídica se vuelve evidente”, concluyó.
