La corrupción escaló al segundo lugar entre las principales preocupaciones de los tucumanos, con un salto de casi 50 puntos porcentuales. El dato aparece en simultáneo con seis organismos provinciales intervenidos desde hace hasta 36 años, una percepción crítica sobre el Poder Judicial y la Legislatura, y una imagen de gestión del Ejecutivo que, según el propio cruce de datos del estudio, responde casi enteramente a la base partidaria del PJ.
Un relevamiento realizado por Grupo Borgia sobre 701 casos en la provincia de Tucumán (3 al 6 de agosto de 2026) muestra que la corrupción subió al segundo lugar entre las problemáticas provinciales más mencionadas, con el 58% de las menciones: un incremento de casi 50 puntos respecto de la medición anterior, solo detrás de los bajos ingresos (61,6%).
Un caso local y un clima nacional
El salto no es abstracto. Coincide con la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la compra en efectivo de una propiedad de más de un millón de dólares sin actividad económica declarada, caso que generó una fractura pública dentro del propio oficialismo provincial. Se inscribe, además, en un clima nacional agravado por el «Caso Adorni», el escándalo de enriquecimiento ilícito que terminó en la renuncia del entonces Jefe de Gabinete de la Nación en junio de 2026.
Seis organismos, hasta 36 años sin regularizar
El estudio cruza ese dato con una situación institucional objetiva: Tucumán mantiene seis organismos autárquicos con autoridades designadas por decreto en lugar de mecanismos normalizados de control, desde el Subsidio de Salud (IPSST, intervenido desde 1990) hasta el Ersept (2024). En 2007 la Legislatura había aprobado una ley para normalizarlos, pero fue vetada; el compromiso se repitió en gestiones posteriores sin resultados. Uno de esos organismos, el IPLA, es hoy objeto de un pedido legislativo de disolución directa por, según sus críticos, haber mutado en mecanismo recaudatorio.
Judicial: el poder peor evaluado
El 64,4% de los consultados considera que existe mucha influencia política en el Poder Judicial provincial. Más contundente aún: el 81,8% cree que el Judicial resuelve poco o nada los casos delictivos, y el 76,2% considera que su desempeño impacta poco o nada en reducir la corrupción. El propio informe respalda ese dato con un antecedente judicial: desde que en 2005 se eliminó la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, ingresaron 219 causas por corrupción y, en veinte años, solo una llegó a condena, la del ex intendente de Tafí del Valle Jorge Yapura Astorga, luego revocada por la Corte Suprema provincial.
Ninguna condena por corrupción llegó firme hasta hoy. Legislatura: costo cuestionado, demanda de control casi unánimeEl 74,4% considera excesivo el costo de funcionamiento de la Legislatura y el 91,9% reclama mayores niveles de transparencia y control, pese a que la institución sancionó 180 leyes y trató 917 asuntos en el período relevado. El informe describe un déficit de rendición de cuentas, no de actividad legislativa.
Ejecutivo: la imagen depende del partidoLa imagen de la gestión provincial se mantiene relativamente estable (44,3% positiva, 18,8% negativa) pese al deterioro del humor económico general. Pero un cruce específico del propio estudio muestra que esa estabilidad está anclada casi por completo a la base electoral del PJ: apenas 3,2 puntos porcentuales de la muestra aprueban la gestión sin que eso se traduzca en intención de voto al oficialismo, y el 100% de quienes evalúan la gestión negativamente es no peronista.
El informe concluye que no hay evidencia de un capital de legitimidad autónomo del Ejecutivo, más allá del propio partido.
