La Justicia federal le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al hacer lugar a un amparo colectivo y frenar la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida que había sido impulsada por el Ministerio de Capital Humano. El fallo, dictado por el juez Adrián González Charvay, ordena al Estado nacional mantener la vigencia del beneficio económico que alcanzaba a cerca de 900.000 trabajadores informales en un plazo de tres días desde la notificación, y hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El programa otorgaba un ingreso mensual de aproximadamente $78.000 a personas que realizaban capacitaciones, prácticas laborales o desarrollaban emprendimientos.En su resolución, el magistrado cuestionó el “corte abrupto” del plan y advirtió que no se implementaron medidas alternativas eficaces para reemplazar un ingreso clave en sectores vulnerables.
Además, consideró que la eliminación del programa podría resultar “arbitraria e irrazonable”, al afectar directamente condiciones básicas de subsistencia. El fallo también puso en duda la efectividad de los vouchers educativos propuestos como reemplazo, al señalar que no representan una alternativa equivalente al ingreso monetario que percibían los beneficiarios.
La medida judicial se da en un contexto de creciente conflictividad social, con protestas encabezadas por organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que vienen manifestándose contra el ajuste en programas sociales bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
El amparo había sido presentado por un grupo de beneficiarios que argumentaron que la eliminación del programa constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales, afectando a personas en situación de extrema vulnerabilidad que dependen de este ingreso para su subsistencia diaria.
