La causa judicial que tiene como eje a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respectivamente, dio un giro después de que el juez Carlos Mahiques se apartara del expediente que investiga una lujosa mansión en la localidad de Pilar vinculada a los dirigentes.
La decisión se produce en un contexto de alta tensión deportiva y política para la entidad madre del fútbol argentino. El escándalo empezó a escalar tras una denuncia penal por presunta retención indebida de tributos y de aportes previsionales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que motivó la citación a indagatoria de Tapia y Toviggino.
Ese llamado a declarar derivó en una medida inédita: los clubes decidieron suspender la novena fecha del Torneo Apertura y paralizar el fútbol argentino entre el 5 y el 8 de marzo, en una muestra de respaldo a la actual conducción de la AFA ante lo que consideran un “ataque judicial”.
El conflicto también ha generado cruces con distintos actores políticos. El legislador Facundo Del Gaiso, denunciante en causas por lavado de activos, cuestionó la medida de fuerza y calificó la protesta como un “mensaje mafioso” hacia la Justicia.
Mientras tanto, el organismo enfrenta múltiples frentes: además de la causa penal, la Inspección General de Justicia (IGJ) designó veedores por “graves irregularidades” y falta de balances en la entidad.
La salida del juez Mahiques —quien estaba a cargo de la investigación sobre la mansión valuada en millones de dólares— subraya la complejidad del caso, que sigue en investigación en el fuero penal económico y mantiene un impacto directo en la estructura del fútbol argentino.
