La iniciativa generó cuestionamientos de constitucionalistas, dirigentes opositores y organizaciones periodísticas. Uno de los principales puntos de discusión está en el artículo 111, que propone incorporar al Código Penal una figura vinculada con campañas coordinadas de “desinformación masiva” destinadas a manipular la opinión pública o alterar procesos electorales, cuando exista participación, financiamiento u orden de un Estado, organización o agente extranjero.
Las penas previstas parten de cinco años y pueden alcanzar los 15 años en determinadas circunstancias.Los especialistas consultados por Infobae cuestionaron la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipulación de la opinión pública” y “amenaza”, y advirtieron que su interpretación podría quedar sujeta a un margen considerable de discrecionalidad.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la falta de precisión podría generar un efecto intimidatorio sobre quienes quieran expresarse públicamente. Otro de los especialistas consultados, Félix Lonigro, planteó reparos sobre la incorporación de estas figuras dentro de un proyecto destinado a la defensa de la soberanía y consideró que una descripción ambigua de las conductas podría afectar la libertad de expresión.Las objeciones también llegaron desde el Congreso.
Diputados opositores como Nicolás Trotta, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano manifestaron preocupación por el alcance de las nuevas figuras penales y por la posibilidad de que sean utilizadas contra periodistas, medios de comunicación u opositores. En paralelo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamó que conceptos como “desinformación” y “manipulación de la opinión pública” sean definidos de manera precisa y que el proyecto incorpore garantías específicas para proteger opiniones, informaciones y críticas amparadas por la libertad de expresión.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la iniciativa fue diseñada dentro del marco constitucional y que las decisiones administrativas estarán sujetas a revisión judicial. Según fuentes oficiales citadas por el medio, el objetivo es dotar al Estado de herramientas frente a nuevas formas de amenazas externas, como operaciones clandestinas e interferencias de actores extranjeros. El proyecto deberá ser debatido ahora por el Congreso.
Entre los principales puntos que quedarán bajo análisis estarán la definición de “desinformación”, los requisitos para demostrar una campaña coordinada, el vínculo con actores extranjeros, las penas previstas y las garantías destinadas a evitar que las nuevas herramientas afecten el ejercicio de la libertad de expresión.
