Un procedimiento municipal realizado el pasado domingo en la plaza principal de San Miguel de Tucumán desató una ola de críticas y desconcierto entre vecinos, luego de que se reportara el secuestro de bicicletas pertenecientes a niños y jóvenes que se encontraban recreándose en el lugar.
Según testimonios de padres presentes, el operativo fue ejecutado por personal dependiente del área de transporte municipal, encabezada por Benjamín Nieva, quienes habrían solicitado a los menores la presentación de facturas de compra como requisito para recuperar los rodados.
La situación generó sorpresa e incomodidad, especialmente entre los niños, que no comprendían el motivo del procedimiento. “¿Quién guarda la factura de una bicicleta comprada hace años?”, cuestionaron algunos padres, al considerar la exigencia como irrazonable. El episodio fue calificado por vecinos como una medida desproporcionada, que lejos de promover la convivencia y el disfrute en espacios públicos, instala un clima de tensión y desconfianza.
En ese sentido, distintos sectores reclamaron que el municipio priorice políticas orientadas a mejorar la infraestructura urbana y fomentar actividades recreativas seguras para las familias. La controversia abrió además un debate más amplio sobre los criterios de control en espacios públicos y el rol del Estado municipal en la regulación de actividades cotidianas.
Mientras tanto, crecen los pedidos de explicaciones oficiales sobre el procedimiento y su marco legal. El hecho dejó una fuerte repercusión en la comunidad, donde muchos vecinos advierten que decisiones de este tipo afectan directamente la vida cotidiana y el derecho al esparcimiento de niños y jóvenes.
