La protesta tuvo su acto central en Plaza de Mayo y se replicó en numerosas ciudades argentinas. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Los organizadores señalaron que la movilización buscó defender “el derecho a la educación” y exigir que el Ejecutivo respete una ley aprobada por el Congreso y respaldada en instancias judiciales.
Durante el acto principal, los manifestantes reclamaron una recomposición salarial para docentes y no docentes, además de mayores partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. También cuestionaron el incumplimiento de fallos judiciales vinculados a la actualización de salarios y becas estudiantiles.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que “cumplir con la ley” es indispensable para garantizar el acceso igualitario a la educación superior y preservar el sistema universitario argentino. En la misma línea, distintos rectores y referentes académicos advirtieron sobre el impacto del recorte presupuestario en el desarrollo científico y educativo del país.
Desde el Gobierno nacional y sectores de La Libertad Avanza calificaron la protesta como un “acto opositor” y defendieron la decisión de no ejecutar plenamente la norma, argumentando que afectaría el equilibrio fiscal. La movilización fue considerada una de las más importantes desde el inicio de la gestión de Javier Milei y volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de la educación pública y el futuro del sistema universitario argentino.
