El Gobierno nacional resolvió avanzar con una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días, en una decisión que pone bajo la lupa la gestión económica y administrativa de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había detectado irregularidades en la presentación de documentación contable y administrativa. En este contexto, se designaron dos veedores —un contador y un abogado— que tendrán amplias facultades para acceder a balances, contratos, registros financieros y documentación interna de la AFA.
Su tarea será elaborar un informe final que podría derivar en sanciones o nuevas medidas si se comprueban anomalías.
Según la resolución oficial, la auditoría abarcará aspectos clave como los estados contables recientes, las relaciones comerciales con empresas privadas y el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), además del análisis de transferencias y operaciones financieras. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es garantizar transparencia en una institución que maneja recursos millonarios, especialmente tras el crecimiento económico que tuvo el fútbol argentino en los últimos años.
Sin embargo, la conducción de la AFA rechazó la medida y la calificó como una intervención “ilegítima”, anticipando que podría recurrir a la Justicia para frenarla. El conflicto, además de lo administrativo, abre un nuevo capítulo de tensión política entre la Casa Rosada y uno de los organismos más poderosos del deporte nacional.
Cabe aclarar que la veeduría no implica la remoción de autoridades ni una intervención plena, sino un mecanismo de control que permitirá al Estado supervisar el funcionamiento institucional de la entidad durante el período establecido. El desenlace dependerá del informe final de los veedores, que definirá si existen irregularidades y qué medidas se adoptarán en consecuencia, en un escenario donde el fútbol argentino vuelve a quedar en el centro de la escena política.
