Una fuerte interna sacude a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), luego de que se impulsara una movida judicial que, según sostienen desde el sector, tiene como principal objetivo perjudicar la imagen de sus máximas autoridades, Daniel Orell y Jorge Berretta. De acuerdo a esta versión, la acción fue promovida por el empresario Sergio Gómez Sansone, vinculado a las empresas San Pedro de Colalao y Rayo Bus, y estaría más relacionada con su fallido intento de acceder a la conducción de la entidad que con la existencia de presuntas irregularidades.
En ese sentido, aseguran que las denuncias forman parte de una estrategia basada en cuestionamientos sobre el manejo de los subsidios provinciales que recibe el sector, en medio de la compleja situación que atraviesa el transporte. Sin embargo, estas iniciativas —tanto en el ámbito interno como en los medios— no habrían tenido respaldo entre los demás integrantes de AETAT.
Por el contrario, los empresarios decidieron de manera unánime apartar a Gómez Sansone de la entidad y declararlo “persona no grata”, desestimando así cualquier intento de desestabilización que, afirman, también fue impulsado por sectores políticos ajenos al Gobierno provincial.
En ese marco, remarcan que el Ejecutivo encabezado por Osvaldo Jaldo no tiene vinculación con estas maniobras, y destacan el acompañamiento permanente de la Provincia para sostener un servicio considerado esencial para amplios sectores de la sociedad. Asimismo, señalan que, tras no prosperar sus gestiones dentro del sector, Gómez Sansone intentó acceder por distintas vías a una audiencia con el gobernador, sin éxito.
Según indican, esto se debería a informes del área de transporte que advertían sobre deficiencias en el servicio brindado por sus empresas, lo que derivó en reiterados llamados de atención por parte del organismo de control. Como último recurso, el empresario avanzó con una denuncia en la Justicia tucumana que derivó en el allanamiento de las oficinas de AETAT, ubicadas en calle San Juan.
No obstante, fuentes cercanas al caso consideran “casi imposible” que se detecten irregularidades, ya que Orell y Berretta se pusieron a total disposición del juez interviniente y se comprometieron a entregar toda la documentación requerida. En este contexto, algunos actores del sector advierten que, en caso de no prosperar las acusaciones, Gómez Sansone podría enfrentar una serie de acciones legales en su contra, incluyendo cartas documento y denuncias judiciales.
Por otra parte, el empresario tampoco contaría con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por César González. Desde el gremio habrían recibido denuncias vinculadas a maltrato laboral e incumplimientos salariales, y aseguran que Gómez Sansone tampoco logró generar inestabilidad en la conducción sindical.
