El rechazo de un grupo de gobernadores considerados dialoguistas al capítulo de la Ley de Tierras representó un revés político para el Gobierno nacional y dejó en evidencia las dificultades que enfrenta para sostener mayorías legislativas en temas sensibles. Entre los mandatarios que tomaron distancia se encuentra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto a otros dirigentes provinciales que decidieron no respaldar la flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Esa postura obligó al oficialismo a retirar ese apartado del proyecto para evitar una derrota en el Senado. En la Casa Rosada aseguran que la relación con los gobernadores no está rota, aunque reconocen que el contexto preelectoral hará cada vez más difícil conseguir apoyos para reformas estructurales. Funcionarios admiten que los mandatarios provinciales enfrentan mayores condicionamientos políticos y priorizan los intereses de sus distritos ante la cercanía del calendario electoral.
Pese al traspié, el Gobierno mantiene su intención de avanzar durante agosto con las negociaciones para impulsar la reforma electoral y llevar el debate al Congreso en septiembre, aunque ahora con mayor cautela respecto de las alianzas parlamentarias.
El episodio dejó en claro que, incluso entre los gobernadores que habitualmente acompañan al Ejecutivo nacional, existen límites cuando las iniciativas afectan intereses provinciales o generan costos políticos en sus territorios. Ese escenario obliga al oficialismo a replantear su estrategia de negociación para el tratamiento de las próximas reformas.
