El Gobierno nacional atravesó una de sus jornadas legislativas más complejas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Tras intensas negociaciones, el oficialismo decidió eliminar el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que proponía flexibilizar la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, con el objetivo de asegurar la media sanción del resto de la iniciativa.
Según reconstruyó Infobae, en la Casa Rosada hubo preocupación por la falta de coordinación entre quienes diseñaron el proyecto, quienes negociaban los votos en el Congreso y quienes debían comunicar sus alcances. Funcionarios del oficialismo admitieron que el Gobierno perdió la disputa comunicacional en torno a la denominada «Ley de Tierras«, luego de que artistas, deportistas y distintas personalidades públicas expresaran su rechazo bajo la consigna «La Patria no se vende».
En el plano político, la decisión de retirar el capítulo respondió también a la resistencia de senadores vinculados a gobernadores dialoguistas, entre ellos los que responden a mandatarios como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa. Aunque en el Ejecutivo descartan una ruptura con las provincias, reconocen que la negociación evidenció un escenario más complejo que el registrado en otras votaciones clave.
El episodio también abrió interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para avanzar con futuras reformas, especialmente la reforma electoral y la eliminación de las PASO, iniciativas consideradas prioritarias por la administración libertaria. Para concretarlas, nuevamente necesitará el respaldo de los gobernadores y de sectores aliados en el Congreso.
A este panorama se suman sondeos de opinión que muestran una caída en los niveles de confianza hacia el Gobierno y un aumento del malestar económico.
En ese contexto, el traspié legislativo fue interpretado como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer la estrategia política y la articulación parlamentaria de cara a los próximos debates.
