El canciller boliviano Fernando Aramayo aseguró que el mandatario “continuará en el cargo” y sostuvo que cualquier instancia de diálogo dependerá del cese de los hechos violentos registrados durante las movilizaciones. Las protestas comenzaron semanas atrás impulsadas por reclamos sindicales, mineros, campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, aunque con el correr de los días se transformaron en un fuerte cuestionamiento político contra la administración de Paz.
En las últimas jornadas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el centro paceño, con bloqueos de rutas, desabastecimiento de combustibles y alimentos, además de pedidos de renuncia contra el jefe de Estado.
Según distintos reportes internacionales, el detonante de la crisis es el deterioro económico que atraviesa Bolivia, marcado por inflación, escasez de dólares y combustible, además de medidas de ajuste implementadas por el gobierno. En paralelo, desde Estados Unidos expresaron preocupación por la situación y acusaron a sectores vinculados a Evo Morales de intentar desestabilizar al gobierno boliviano.
La administración de Rodrigo Paz enfrenta así su momento más delicado desde que asumió la presidencia en noviembre de 2025, en un escenario de fuerte tensión social y creciente incertidumbre política en el país vecino.
