La información revelada por distintos medios, señaló que la adhesión se produjo en la antesala de la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario. Según la publicación, la decisión generó cuestionamientos debido a que Adorni había rechazado previamente la posibilidad de acogerse a mecanismos de regularización fiscal. El régimen permite blanquear ingresos y activos no declarados bajo un esquema simplificado establecido por la Ley de Inocencia Fiscal, reglamentada este año por el Gobierno nacional.
La normativa busca facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal de la economía, reduciendo además los plazos de prescripción y modificando aspectos del régimen penal tributario.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, mientras que sectores opositores advierten que podría favorecer la regularización de capitales sin suficientes controles.
La adhesión de Adorni y su esposa se conoce en un contexto de creciente atención sobre la evolución patrimonial del funcionario y mientras avanza una causa judicial vinculada a operaciones inmobiliarias y bienes declarados.
