El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía puso en marcha una política que terminó con el cierre de 11 ingenios tucumanos. La medida provocó una fuerte destrucción de empleo, un éxodo masivo y profundas consecuencias sociales y económicas que todavía forman parte de la memoria de la provincia.Hace 60 años, Tucumán comenzó a atravesar una de las crisis sociales y económicas más profundas de su historia.
El 22 de agosto de 1966, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, el Gobierno de facto dispuso la intervención de siete ingenios azucareros, una medida que desencadenó el cierre de 11 establecimientos en los años siguientes. La decisión afectó a una actividad que era el principal motor económico de numerosas localidades.
Los ingenios no solo generaban empleo para obreros y trabajadores de la zafra: también sostenían a pequeños cañeros, transportistas, comerciantes, talleres, escuelas, clubes y otros servicios comunitarios. La política de reconversión impulsada por la dictadura redujo los cupos de producción y retiró asistencia financiera a distintos establecimientos. Como consecuencia, de los 27 ingenios que funcionaban en la provincia antes de la crisis, 11 terminaron cerrados y Tucumán perdió una parte significativa de su estructura industrial azucarera.
El impacto laboral fue enorme. Las estimaciones citadas por investigaciones históricas ubican en alrededor de 50.000 los puestos de trabajo afectados, mientras que entre 200.000 y 300.000 personas habrían abandonado la provincia en los años posteriores, muchas de ellas rumbo al conurbano bonaerense. El éxodo modificó la geografía social de Tucumán. Familias enteras debieron abandonar sus pueblos de origen y comenzar una nueva vida lejos de los cañaverales y de las fábricas que habían organizado durante décadas su vida cotidiana. La resistencia no tardó en aparecer.
La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) encabezó huelgas, movilizaciones, ocupaciones y distintas acciones de protesta. En muchas localidades también surgieron ollas populares y comedores para asistir a las familias que habían quedado sin ingresos. En ese contexto ocurrió uno de los episodios más dolorosos de aquella etapa. El 12 de enero de 1967, durante una protesta en Bella Vista, fue asesinada Hilda Guerrero de Molina, una trabajadora y madre de cuatro hijos que participaba de la organización de las ollas populares. Su muerte se convirtió en un símbolo de la resistencia de las familias azucareras.
El Gobierno nacional lanzó posteriormente el denominado Operativo Tucumán, con la promesa de diversificar la economía provincial y generar nuevas fuentes laborales. Sin embargo, las nuevas actividades productivas no lograron compensar el volumen de empleo destruido por el cierre de los ingenios. La crisis azucarera también dejó consecuencias políticas y sociales de largo alcance. La conflictividad obrera y estudiantil se profundizó durante los años siguientes y Tucumán fue escenario de importantes movilizaciones, entre ellas los llamados Tucumanazos.
Seis décadas después, las consecuencias de aquella decisión todavía pueden observarse en distintas localidades tucumanas. Algunos antiguos ingenios fueron desmantelados; otros quedaron abandonados o fueron reconvertidos. Pero, por encima de las estructuras físicas, permanece la memoria de las comunidades que crecieron alrededor de las fábricas y que vieron desaparecer una forma de vida.
En 2021, el Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 27.620, que estableció el 22 de agosto como el Día Nacional del “Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”.
A 60 años de aquel proceso, el cierre de los ingenios continúa siendo recordado como uno de los hechos que marcaron un antes y un después en Tucumán: una crisis que no solo transformó la producción azucarera, sino que también modificó el mapa social, económico y demográfico de toda la provincia.
